La confianza de nuestros clientes en nuestro trabajo jurídico fiable y preciso ha convertido a nuestro bufete en un referente en la defensa de grandes empresas contratistas frente a la administración pública y los directivos ante el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), los Tribunales de Cuentas Estatales y Municipales, la Contraloría General de la Unión (CGU), los organismos reguladores (ANTT, ANM, ANAC, ANA, ANTAQ y ANVISA) y los Ministerios.

Nuestro rasgo distintivo es nuestra capacidad para anticipar riesgos y ofrecer estrategias legales innovadoras y personalizadas a través de soluciones multidisciplinarias, con la participación de consultores altamente cualificados en diversos sectores: economía, infraestructuras, ingeniería, medio ambiente y comercio exterior.

Tribunal Federal de Cuentas (TCU):

Colaboramos con el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), defendiendo a empresas de sectores económicos relevantes que suscriben contratos con la administración pública, asesorándolas desde la fase precontractual para mitigar riesgos, hasta su eventual defensa en procedimientos de auditoría y rendición de cuentas.

También promovemos la defensa de las acciones atribuidas a los gestores públicos y agentes políticos que ocuparon puestos estratégicos: expresidentes de la República, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes y directivos de empresas públicas y corporaciones de economía mixta.

El trabajo de la firma se destaca en casos de gran relevancia ante el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) de Brasil en materia de auditorías y auditorías especiales:

PROCESOS DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA:

Nos especializamos en la defensa de empresas y sus representantes en procesos de sanción administrativa, auditorías, inspecciones, procedimientos de investigación, Términos de Ajuste de Conducta (TAC), Procesos de Responsabilidad Administrativa (PAR) y Procesos Disciplinarios (PAD).

CONDUCTA ADMINISTRATIVA INDEBIDA:

Contamos con experiencia en la defensa de funcionarios públicos y particulares (personas físicas o jurídicas) en casos complejos de mala conducta administrativa, con el objetivo de evitar sanciones como la confiscación de bienes, la restitución al erario público, la pérdida del cargo público, la suspensión de los derechos políticos, el pago de multas y la prohibición de contratar con el sector público.