La certeza de nuestros clientes en un trabajo jurídico seguro y preciso ha convertido a la firma en una referencia en la defensa de grandes empresas contratantes con la administración y gestores públicos ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Tribunales de Cuentas Estaduales y Municipales, la Contraloría General de la Unión (CGU), órganos reguladores (ANTT, ANM, ANAC, ANA, ANTAQ y ANVISA) y Ministerios.

Nuestro diferencial radica en anticipar riesgos y ofrecer estrategias legales innovadoras y personalizadas, a través de soluciones multidisciplinarias, con la participación de consultores altamente calificados en los más diversos segmentos: economía, infraestructura, ingeniería, medio ambiente y comercio exterior.

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN (TCU):

Actuamos ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), defendiendo a empresas de sectores económicos relevantes que celebran contratos con la administración pública, orientándolas desde la fase precontractual para mitigar riesgos, hasta la eventual defensa en procedimientos de auditoría y contabilidad.

También promovemos la defensa de actos atribuidos a directivos públicos y agentes políticos que ocuparon cargos estratégicos: ex Presidentes de la República, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes y Ejecutivos de empresas públicas y de economía mixta.

Se destaca la actuación de la firma en casos de alta relevancia ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en auditorías y Cuentas Especiales (CEE):

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES:

Nos especializamos en la defensa de empresas y sus representantes en procesos administrativos sancionadores, auditorías, inspecciones, procedimientos de investigación, Términos de Ajuste de Conducta (TACs), Procesos de Responsabilidad Administrativa (PARs), Procesos Disciplinarios (PADs).

MALA CONDUCTA ADMINISTRATIVA:

Contamos con experiencia en la defensa de agentes públicos y privados (personas físicas o jurídicas) en procedimientos administrativos complejos, con el objetivo de evitar sanciones de pérdida de patrimonio, reembolso al tesoro público, pérdida de cargo público, suspensión de derechos políticos, pago de multas y prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.